Instrumentos de la política ambiental actual

La atención a los problemas ambientales y la inducción de nuevos procesos de desarrollo con una dimensión de sustentabilidad. demanda un importante esfuerzo para coordinar las decisiones privadas con objetivos públicos. Esto puede lograrse a través de la utilización de una amplia gama de instrumentos que hacen disponibles la legislación y las instituciones vigentes, los cuales constituyen las herramientas fundamentales de actuación tanto del gobierno corno de la sociedad.

Cada Instrumento tiene un ámbito particular de aplicación, y diferentes condiciones de alcance, eficacia, costo y efectividad. Algunos instrumentos pueden ser aplicables a procesos atomizados o a conductas generalizadas. esto es, su cobertura es de amplio espectro. Otros instrumentos tienen mayor especialidad y sólo pueden imponerse a conductas o a proyectos claramente determinados en el tiempo y el espacio.

Una política ambiental exitosa y eficiente requiere un equilibrio racional entre el tipo de objetivos que se persigue, y el tipo y modalidad de instrumentos que se utilizan en el diseño de políticas. En ocasiones, la regulación de los usos del suelo en términos de la clase de actividades permitidas, así como de su intensidad y densidad, representan el mecanismo idóneo, de primer piso, para ejercer una política ecológica efectiva.

No solamente es necesario tener en cuenta la aptitud de cada instrumento para rendir resultados en circunstancias determinadas, sino también se requiere balancear su definición y sus términos de aplicación, entre la gama de jerarquías jurídicas que van desde los niveles de ley, hasta decisiones administrativas, pasando por reglamentos, decretos y acuerdos.

Como es evidente, el desarrollo del sistema regulatorio se da de manera diferenciada, dependiendo de las condiciones y dinámicas ambientales institucionales en cada país.

LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG)

La protección y preservación del ambiente, como se ha visto en las tres legislaciones propiamente ambientales que han regido en México, ha sido una función conferida casi en forma exclusiva a la autoridad administrativa. a pesar de que ya en la LGEEPA de 1988 se incorporaron como instrumento de política ambiental los delitos en contra del ambiente, y de que el Código Civil de 1928 contempló algunos supuestos de responsabilidad objetiva relacionados con daños provocados a ese bien jurídico; lo cual permitiría eventualmente la participación del Poder Judicial en este campo.

Sin embargo, la preocupación de la sociedad civil por el cumplimiento de las reglas establecidas en la legislación para la protección del entorno y la prevención de catástrofes ambientales se acentúa a partir de varios acontecimientos acaecidos en décadas recientes en nuestro país. Estos acontecimientos propiciaron que la sociedad civil, organizada fundamentalmente a través de las llamadas ONG, comenzara a exigir el derecho de estar informada y el derecho de participar en la gestión del medio ambiente. Así, a partir de 1994, la participación de la sociedad civil comenzó a ser ingrediente agregado en la tramitación de expedientes administrativos, la presencia de las organizaciones no gubernamentales es significativa, Si bien esto refleja un aumento significativo de la atención de la sociedad hacia procesos ambientales, es necesario incorporar a sectores cada vez más amplios al proceso de diseño. discusión y a la ejecución, el control y la vigilancia de la política ambiental.

A medida que avanza la formación de una conciencia ambiental, van surgiendo iniciativas locales a las que es necesario encauzar hacia los objetivos generales de la política ambiental, desarrollando mecanismos para que su acción, en la actualidad no siempre acorde con los lineamentos generales de política, se inserte de manera coherente y fortalezca la capacidad de actuación ante problemas ambientales.